Miembros de la Sindicatura de Popular fichan a dos bufetes para pleitear contra Europa y el Frob

PorAPBPE

Miembros de la Sindicatura de Popular fichan a dos bufetes para pleitear contra Europa y el Frob

Fuente: Expansión.

Los despachos de Ramón C. Pelayo y Jesús Trillo-Figueroa los representarán. El grupo controlaba más de un 6% del capital.

Miembros de la Sindicatura de Accionistas de Banco Popular han unido sus fuerzas para pleitear contra la Junta Única de Resolución (JUR) y contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) como responsables de la decisión de resolver la entidad y posteriormente venderla, por un euro, a Banco Santander.

Este grupo de accionistas formaba parte del núcleo duro del banco y se les ha ido sumando más afectados próximos a este colectivo, hasta agrupar en total más de un 6% del capital del banco (la Sindicatura contaba en su conjunto con un 9,6% de las acciones de la entidad en el momento en que fue resuelta). Dentro de esta agrupación que ha unido sus fuerzas se cuentan antiguos responsables del banco, como el ex secretario del consejo, Francisco Aparicio Valls, según fuentes jurídicas conocedoras de la situación.

Para llevar a cabo los pleitos contra la JUR, este grupo de accionistas ha contratado los servicios del despacho madrileño Ramón C. Pelayos, especializado en litigación y negociación. Este mismo bufete también está representando a otros colectivos afectados por la resolución de Popular, como la Mutualidad de la Abogacía.

La vía europea

La decisión de resolver Popular y cómo hacerlo, una vez que el BCE determinó su no viabilidad, fue tomada por la Junta Única de Resolución. Fue el organismo presidido por Elke König el único responsables por tanto de volatilizar a los accionistas y dueños de CoCos y deuda subordinada de la entidad. Pese a la negativa de la JUR de facilitar el acceso al expediente o al informe de valoración de Deloitte (que determinó un valor negativo de hasta -8.200 millones), desde el entorno de la Sindicatura se confía en la vía europea como la mejor posibilidad para recuperar al menos parte de su inversión en el banco.

Por si la opción europea no prosperase, los miembros de la Sindicatura de Accionistas de Popular también han contratado los servicios de otro despacho de abogados para pleitear contra el Frob en España. En concreto, el antiguo núcleo duro del banco, próximo a las familias del Opus Dei, ha firmado un contrato con el bufete Iuris Family Office, liderado por el abogado Jesús Trillo-Figueroa, para llevar ante los tribunales al organismo público responsable de ejecutar decisión la JUR de resolver el Popular.

Otro grupo de antiguos socios de la Sindicatura han optado por otro despacho para ejercer sus acciones. En concreto, han contratado a Cremades & Calvo-Sotelo. Fuentes jurídicas anticipan que la estrategia en este caso pasará por reclamar también a la JUR, al menos inicialmente, la nulidad de la decisión y por tanto la reintegración de la propiedad a sus antiguos dueños. La tesis defendida por Javier Cremades, responsable del bufete, es que los accionistas de Popular sufrieron una expropiación ilegal y que por tanto han de ser resarcidos completamente por ello.

Estrategia de defensa

Al margen de la ofensiva de los miembros de la Sindicatura como afectados por la resolución de Popular, parte de éstos también tienen a día de hoy una faceta como posibles responsables de la caída de la entidad. En concreto, antiguos miembros del consejo de administración del banco, como el propio Francisco Aparicio Valls, podrían verse relacionados con alguna causa judicial en calidad de presuntos responsables de su situación de inviabilidad y de aprobar la última ampliación de capital en el verano de 2016.

En previsión de esta eventualidad, estos miembros de la Sindicatura ya han contratado los servicios del despacho CMS Albiñana (que ya ejerció en el pasado como asesor del expresidente Ángel Ron) para hacerse cargo de su defensa legal en caso de que tengan que acudir a juicio en calidad de acusados.

About the author

APBPE administrator

La APBPE - Asociación de Perjudicados del Banco Popular Español, tiene como objetivo defender los intereses de sus miembros frente actuaciones de dudosa legalidad del Banco Popular.

Deja un comentario