Los litigios contra el fin del Popular centran el tiro en la opacidad del BCE y el FROB

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Los litigios contra el fin del Popular centran el tiro en la opacidad del BCE y el FROB

Fuente: El Mundo.

Tres meses después de la expeditiva resolución y venta de Banco Popular a Banco Santander por un euro, las demandas de accionistas y bonistas de la entidad continúan llegando a los tribunales españoles y europeos. Son ya más de decenas de iniciativas que representan a miles de afectados que reclaman «transparencia». La última capitalización de Banco Popular ascendía a 1.330 millones de euros y la conversión de deuda hizo perder 2.000 millones a los inversores. 

Ayer, la Audiencia Nacional recibió la última de ellas en forma de un recurso contencioso administrativo de cinco fondos de inversión encabezados por Pimco, la mayor gestora de renta fija del mundo. A Pimco le acompañan Anchorage, Algebris, Ronit y Cairn en contra del FROB, el organismo que ejecutó la resolución de Banco Popular el pasado 7 de junio.

La demanda coincide con otras presentadas a la hora de pedir una explicación a las instituciones involucradas acerca de los fundamentos que llevaron al Banco Central Europeo (BCE) a intervenir Banco Popular y el papel concreto que jugaron cada una de las instituciones participantes: el FROB y el Banco de España en España y la Junta Única de Resolución (JUR)y el BCEen Europa. Santander, por su parte, ya ha aumentado en más de 1.000 millones sus provisiones para hacer frente a litigios.

«Pedimos que el FROB entregue la carpeta con la documentación que ayude a entender y justificar ante los afectados la decisión que se tomó: la primera resolución de una entidad con el actual marco legal europeo», explicó ayer un portavoz de los fondos.

En un principio la sorprendente liquidación y venta de Banco Popular sembró el desconcierto entre los inversores afectados. Las demandas se presentaron contra prácticamente todas las instituciones y gestores como Ángel Ron o Emilio Sarachopor todo tipo de causas.

Pasados tres meses, las demandas siguen en la Audiencia Nacional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo y amenazan con expandirse al arbitraje internacional. Pero muchas de las estrategias convergen ahora en un punto: recibir una explicación del final de Banco Popular acordado por el BCE sobre la que defender sus intereses. Es lo que piden a través de sus despachos de abogados tanto pequeños accionistas particulares agrupados en demandas colectivas como poderosos fondos de inversión, mutuas de arquitectos y ejecutivos de Renault, patrimonios como Félix Revuelta, dueño de Naturhouse, el mexicano Antonio del Valle o la familia chilena Luksic…

El pasado 28 de julio, la JUR remitió a Aeris Investment, sociedad perteneciente a la familia Luksic, la respuesta que ha aunado todas las restantes demandas: «La difusión del informe de valoración y los elementos de la decisión de resolución que se refieren a datos financieros de Banco Popular podrían socavar la protección de los intereses comerciales de la entidad y de su comprador», añadiendo que la información «socavaría la protección de la política financiera de la Unión, así como de la política relativa a la resolución de instituciones financieras».

Alberto Ruíz Ojeda, doctor en Derecho y representante de 4.000 accionistas en Cremades Calvo Sotelo, duda sobre a quién protege realmente esta confidencialidad y adelanta que difícilmente un juez lo admitirá.

«Si no motivan por qué me expropian y sobre qué informe han calculado el valor de Popular difícilmente podré defenderme», explica. Su demanda estima en 1,85 euros el valor de cada acción de Popular «según los últimos datos del registro mercantil». Cuando fue intervenido valía 0,32 euros.

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La APBPE - Asociación de Perjudicados del Banco Popular Español, tiene como objetivo defender los intereses de sus miembros frente actuaciones de dudosa legalidad del Banco Popular.

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