Los bonistas acusan a la Junta de Resolución de ocultar su responsabilidad en la caída de Popular

PorAPBPE

Los bonistas acusan a la Junta de Resolución de ocultar su responsabilidad en la caída de Popular

Fuente: Expansión.

Un grupo de grandes bonistas de Banco Popular compuesto por las gestoras Pimco, Anchorage, Algebris y Ronit Capital, acusan a la Junta Única de Resolución (JUR) de ocultar su responsabilidad en la caída de la entidad y su posterior venta por un euro a Banco Santander.

Estos bonistas, que cuentan con títulos con un valor nominal de 850 millones de euros y que perdieron toda la inversión el pasado 7 de junio, están estudiando acciones legales contra la JUR, a quien culpan de provocar el pánico bancario que acabó con la reducción a cero del valor de las acciones y de la deuda subordinada de la entidad, según fuentes familiarizadas con su situación legal. También están preparando demandas contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), que ejecutó la decisión de la JUR, y no descartan tampoco demandar a los directivos de Banco Popular.

Hasta el momento, la JUR ha publicado solo una versión reducida de la decisión de resolución de Banco Popular y se ha negado a publicar un informe de Deloitte en el que se valoraba la entidad en -2.000 millones de euros.

Según las gestoras, la versión no confidencial de la decisión omite información clave, como la propia responsabilidad de la JUR en la caída del banco. Concretamente citan un listado de diez “hechos objetivos” que deterioraron la entidad y provocaron su caída. En ellos se excluye explícitamente el octavo, comprendido en unas fechas críticas para Popular, entre el 3 de mayo y el 6 de junio, día en que el Banco Central Europeo (BCE) declara su quiebra.

“Escribiremos a la JUR para pedirles explicaciones sobre por qué han eliminado partes de la decisión […] Es muy cuestionable cómo han fijado las fechas en las que aseguran que la situación del banco se ha deteriorado […] Y la razón es que no pueden establecer estos factores objetivos sin tener que admitir que hubo cosas dichas y hechas por la JUR que causaron ese deterioro”, aseguran estas fuentes.

“Los eventos que ocurrieron entre el 3 de mayo y el 6 de junio han sido recortados sin explicación de lo que ha causado el rápido deterioro de la posición de Banco Popular. Es algo extraordinario”, continúan estas fuentes, que mantienen que “hubo dos violaciones de la obligación del secreto profesional de la JUR” y que eso “fue la causa predominante del pánico bancario en la entidad”.

Con ello se refieren en primer lugar a las declaraciones de Elke König, presidenta de la JUR, a la cadena Bloomberg TV el pasado 23 de mayo, en las que aseguró “el de Popular es un caso que estamos mirando, pero no es el único que estamos mirando”.

La firma legal Quinn Emanuel, que representa a estos grandes inversores, ya había criticado este hecho. En una carta enviada la semana pasada a Roberto Gualtieri, presidente del Comité de Asuntos Económicos de la Eurocámara, cargaron contra el hecho de que la alemana mencionase “por su nombre” al Popular, en un gesto muy inusual por parte de un alto cargo de una autoridad de resolución.

König se defiende argumentando que se estaba refiriendo a que la JUR está pendiente de todos los bancos que caen bajo su jurisdicción.

La segunda violación de la obligatoriedad del secreto profesional, según Pimco y sus socios legales, ocurrió el 31 de mayo. Ese día la agencia de noticias Reuters citó una fuente comunitaria anónima que a su vez citaba a König diciendo que el banco español tendría que ser resuelto si no encontraba comprador.

Según estas fuentes, aunque la noticia citase una fuente anónima, solo un funcionario de la JUR podía tener acceso a esta información y, por tanto, la institución es responsable de ello.

Pero fuentes de la Unión Bancaria recuerdan que ese mismo día se conocía que Saracho anunciaba una extensión del plazo para presentar ofertas por el Popular, desde la fecha límite inicial del 10 de junio hasta finales de mes, en una clara señal de que la entidad estaba teniendo dificultades para encontrar un comprador.

Las gestoras también reclaman el informe de Deloitte y arrojan dudas sobre las valoraciones que hicieron del Popular. En estos momentos, de este informe se sabe muy poco. Apenas que planteaba tres hipótesis en los que la valoración del banco oscilaba entre 1.500 millones en un escenario favorable, -2.000 millones en el escenario actual y -8.200 millones en un escenario adverso. Pero König aseguró la semana pasada que el informe permanecería secreto debido a que incluía información confidencial sensible.

“El informe de Deloitte es fundamental en el proceso de toma de decisión […] Queremos entender cómo una institución financiera pasa de tener 10.000 millones de euros en activos netos a este rango de valoraciones […] Y resulta muy conveniente que la cifra final fuese -2.000 millones, que se corresponde exactamente con la cantidad de deuda cuyo valor eventualmente se canceló”, aseguran estas fuentes.

Las demandas tienen que llegar antes del 17 de agosto en el caso de la corte europea, que ha fijado esta fecha como límite, y antes del 7 de septiembre frente a la justicia española, indicaron las fuentes.

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La APBPE - Asociación de Perjudicados del Banco Popular Español, tiene como objetivo defender los intereses de sus miembros frente actuaciones de dudosa legalidad del Banco Popular.

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