Los accionistas de Banco Popular acumulan recursos contra las autoridades europeas

PorAPBPE

Los accionistas de Banco Popular acumulan recursos contra las autoridades europeas

Fuente: El Mundo.

Los accionistas afectados por la intervención y consecuente caída de Banco Popular han cuestionado desde el primer momento que la fuga de dinero fuese la causa principal de la caída del banco, tal y como reza la versión europea y también la que han defendido el Gobierno y el Banco de España. Muchos de ellos están dispuestos a agotar todas las vías para aclarar cuál era el estado de la entidad en el momento de su resolución, por qué se intervino de la noche a la mañana y qué papel jugó cada una de las personas y organismos que, antes o después, la llevaron a su caída. Con este objetivo, los accionistas representados por el despacho Navas&Cusí han interpuesto un recurso ante la Unión Europea para reclamar que la JUR haga público el informe emitido por Deloitte en el que se basa la intervención, al tiempo que anuncian nuevas demandas judiciales contra el Popular y el Banco Santander en todo el territorio nacional.

Así lo ha asegurado a este diario Juan Ignacio Navas, socio director del bufete, quien considera que la venta por un euro del banco se hizo “con poca transparencia y legalidad, de manera precipitada y mal”. Navas también ha confirmado que interpondrán un recurso contra el Frob antes del 7 de agosto, fecha límite para adoptar esta medida.

El recurso europeo es un “filtro previo”, como indica el propio despacho, para acudir “si fuese desestimado” al Tribunal de Justicia de la UE por una hipotética falta de vulneración del principio de confianza legítima de todos los afectados.

El informe al que se refieren en su solicitud contiene el análisis independiente elaborado por la consultora Deloitte sobre la entidad y contiene todos los datos sobre su verdadera situación antes de que fuese vendida al Santander. Para los accionistas, el documento resulta una pieza clave en su batalla por recuperar total o parcialmente el dinero invertido, ya que permitiría conocer por qué se tomaron las decisiones y qué responsabilidad tuvo cada uno.

Sin embargo, las autoridades europeas no están por la labor de hacerlo público, tal y como dejó claro hace unos días Enke König, presidenta de la JUR. König alegó que el informe contiene demasiada información confidencial como para compartirlo. Hasta el momento, sólo ha trascendido que la consultora fijó el valor del banco entre -2.000 millones y -8.200 millones, aunque también contemplaba un escenario favorable que elevaba esa cifra hasta los 1.500 millones.

Responsables

El recurso de Navas&Cusí no es la única acción en marcha. La asociación de consumidores financieros Asufin acaba de presentar también una querella contra los anteriores consejos de administración del banco, liderados por Ángel Ron y Emilio Saracho, y contra la auditora PwC por fraude de inversores, falsedad de cuentas, administración desleal y delito contra la Hacienda Pública.

Los dos ex presidentes y la consultora son el objetivo de la mayor parte de las acciones emprendidas por otros pequeños y grandes accionistas, asociaciones y despachos de abogados que han recurrido a los tribunales. La Audiencia Nacional aceptó la semana pasada la querella de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) -que engloba a más de 9.500 afectados- contra Ron, varios ex responsables del banco y PwC ; la Aemec -que aglutina a unos 390 accionistas- se ha querellado contra Saracho y el mexicano Antonio del Valle; los despachos Durán y Durán Abogados y Fonfría Abogados también han emprendido acciones legales, mientras que la plataforma AM Popular creada por Félix Revuelta, a la que ya pertenecen 4.500 afectados, está ultimando sus pasos judiciales.

En la misma situación se encuentran varios fondos liderados por Pimco y que han fijado su objetivo en la Junta europea por las posibles irregularidades del proceso de resolución.

Los accionistas afectados por la intervención y consecuente caída de Banco Popular han cuestionado desde el primer momento que la fuga de dinero fuese la causa principal de la caída del banco, tal y como reza la versión europea y también la que han defendido el Gobierno y el Banco de España. Muchos de ellos están dispuestos a agotar todas las vías para aclarar cuál era el estado de la entidad en el momento de su resolución, por qué se intervino de la noche a la mañana y qué papel jugó cada una de las personas y organismos que, antes o después, la llevaron a su caída. Con este objetivo, los accionistas representados por el despacho Navas&Cusí han interpuesto un recurso ante la Unión Europea para reclamar que la JUR haga público el informe emitido por Deloitte en el que se basa la intervención, al tiempo que anuncian nuevas demandas judiciales contra el Popular y el Banco Santander en todo el territorio nacional.

Así lo ha asegurado a este diario Juan Ignacio Navas, socio director del bufete, quien considera que la venta por un euro del banco se hizo “con poca transparencia y legalidad, de manera precipitada y mal”. Navas también ha confirmado que interpondrán un recurso contra el Frob antes del 7 de agosto, fecha límite para adoptar esta medida.

El recurso europeo es un “filtro previo”, como indica el propio despacho, para acudir “si fuese desestimado” al Tribunal de Justicia de la UE por una hipotética falta de vulneración del principio de confianza legítima de todos los afectados.

El informe al que se refieren en su solicitud contiene el análisis independiente elaborado por la consultora Deloitte sobre la entidad y contiene todos los datos sobre su verdadera situación antes de que fuese vendida al Santander. Para los accionistas, el documento resulta una pieza clave en su batalla por recuperar total o parcialmente el dinero invertido, ya que permitiría conocer por qué se tomaron las decisiones y qué responsabilidad tuvo cada uno.

Sin embargo, las autoridades europeas no están por la labor de hacerlo público, tal y como dejó claro hace unos días Enke König, presidenta de la JUR. König alegó que el informe contiene demasiada información confidencial como para compartirlo. Hasta el momento, sólo ha trascendido que la consultora fijó el valor del banco entre -2.000 millones y -8.200 millones, aunque también contemplaba un escenario favorable que elevaba esa cifra hasta los 1.500 millones.

Responsables

El recurso de Navas&Cusí no es la única acción en marcha. La asociación de consumidores financieros Asufin acaba de presentar también una querella contra los anteriores consejos de administración del banco, liderados por Ángel Ron y Emilio Saracho, y contra la auditora PwC por fraude de inversores, falsedad de cuentas, administración desleal y delito contra la Hacienda Pública.

Los dos ex presidentes y la consultora son el objetivo de la mayor parte de las acciones emprendidas por otros pequeños y grandes accionistas, asociaciones y despachos de abogados que han recurrido a los tribunales. La Audiencia Nacional aceptó la semana pasada la querella de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) -que engloba a más de 9.500 afectados- contra Ron, varios ex responsables del banco y PwC ; la Aemec -que aglutina a unos 390 accionistas- se ha querellado contra Saracho y el mexicano Antonio del Valle; los despachos Durán y Durán Abogados y Fonfría Abogados también han emprendido acciones legales, mientras que la plataforma AM Popular creada por Félix Revuelta, a la que ya pertenecen 4.500 afectados, está ultimando sus pasos judiciales.

En la misma situación se encuentran varios fondos liderados por Pimco y que han fijado su objetivo en la Junta europea por las posibles irregularidades del proceso de resolución.

About the author

APBPE administrator

La APBPE - Asociación de Perjudicados del Banco Popular Español, tiene como objetivo defender los intereses de sus miembros frente actuaciones de dudosa legalidad del Banco Popular.

Deja un comentario