La lucha legal por Popular no afecta a la operación con Blackstone

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La lucha legal por Popular no afecta a la operación con Blackstone

Fuente: Expansión

A falta de medidas cautelares o una sentencia en contra de la resolución de Popular, el banco puede vender activos a precio de mercado sin temor a que se impugne la operación.

Mientras se intensifica la batalla legal por la resolución de Popular, tanto en los tribunales españoles como en los europeos, Santander ha anunciado la venta de una gran cartera de activos inmobiliarios tóxicos a Blackstone. Aunque las dudas sobre el futuro de la transacción sobrevuelan debido a los conflictos judiciales que arrastra el banco, los expertos aseguran que ya no hay marcha atrás, porque ningún juez ha aceptado hasta el momento medidas cautelares que suspendan la resolución de la entidad.

Precisamente, sobre este aspecto deberá pronunciarse la Audiencia Nacional (AN) en septiembre, que tras escuchar a las partes (exaccionistas y el FROB) decidirá si acepta o no establecer medidas cautelares mientras el conflicto se resuelve en los tribunales. Los expertos consideran que hay pocas probabilidades de que así sea, ya que este tipo de acciones se toman con carácter de urgencia y, si hubiera disposición a suspender temporalmente la resolución de Popular, la Audiencia podría haber habilitado el mes de agosto para pronunciarse.

Al no haberlo hecho, fuentes jurídicas explican que Santander tiene vía libre para vender activos de Popular, ya que legalmente es el propietario del banco. En caso de que la AN aceptara las medidas cautelares en septiembre, Blackstone no tendría que devolver la cartera inmobiliaria que acaba de comprar. La ley estima que cuando una transacción afecta a un tercero de buena fe, ésta es válida.

Eso es así porque tampoco habría perjuicio para los intereses de los antiguos accionistas de Popular, que en caso de recuperar el banco también se quedarían con el dinero recibido por la venta de la cartera.

La única posibilidad de reclamar sería contra el propio consejo de administración de Popular, pero sólo si el importe de la transacción es manifiestamente inferior al precio medio de mercado o hubiera ofertas muy superiores por el mismo activo. Una opción, según los expertos, que es muy difícil que prospere, ya que habría que demostrar el daño real ocasionado.

También cabe la opción de que, una vez anunciada la venta, los accionistas que han iniciado pasos legales pidan medidas cautelarísimas, que deben adoptarse en un plazo máximo de dos días y sin escuchar al demandado. Aun así, fuentes jurídicas explican que, por un lado, la Audiencia ya ha rechazado una vez esta opción y, además, mientras el precio acordado se ajuste a mercado, no existe riesgo ni carácter de extrema urgencia.

La única posibilidad que los expertos contemplan para que Blackstone tuviera que devolver la cartera inmobiliaria en caso de que un juzgado anule la resolución de Popular es que tanto Santander como el propio fondo hayan considerado el conflicto judicial en el contrato de compraventa, estableciendo algún tipo de cláusula o salvaguarda para reponer los activos o establecer una indemnización.

El último escenario sería contemplar la posibilidad de que no se aprueben las medidas cautelares en septiembre, pero un juez, ya sea en Luxemburgo o en España, acepte las reclamaciones de los accionistas y decida compensarlos. En ese caso, el cálculo se hará teniendo en cuenta el valor de la entidad el día de la resolución, sin contar las transacciones posteriores.

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La APBPE - Asociación de Perjudicados del Banco Popular Español, tiene como objetivo defender los intereses de sus miembros frente actuaciones de dudosa legalidad del Banco Popular.

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