La Eurocámara encuentra una vía para ver el informe de Deloitte sobre Popular aunque no se haga público

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La Eurocámara encuentra una vía para ver el informe de Deloitte sobre Popular aunque no se haga público

Fuente: Expansión

Parlamentarios pedirán poder consultarlo en una cámara confidencia, mientras que la JUR es contraria a dar a conocer el documento que sirvió para resolver el banco.

Desde que el pasado 7 de junio Banco Popular fue sometido a resolución, dejó de existir como una entidad independiente y fue traspasado a Santander por un euro, muchos son los interrogantes que aún siguen sin resolveres respecto al caso.

Una de las principales cuestiones pendientes es todo lo relacionado con el informe de Deloitte, realizado a encargo de la Junta Única de Resolución (JUR) y cuya principal conclusión fue que el banco tenía un valor negativo de entre 2.000 y 8.200 millones de euros en unos escenarios central y estresado, tal y como anunciaron las autoridades españolas aquel día. Posteriormente se pudo conocer que el mencionado informe contemplaba un tercer escenario, optimista, en el que los analistas de la consultaba atribuían un valor positivo de 1.500 millones de euros a Popular.

El informe de valoración de Deloitte es una pieza clave en el caso de Popular ya que fue a partir de sus cifras que la JUR y el Frob llevaron a cabo la intervención en el banco y la inmediata imposición de pérdidas a accionistas, dueños de CoCos y deuda subordinada.

Aunque el propio Ministerio de Economía emplazó a los responsables de la JUR a publicar el contenido del informe de Deloitte, la presidenta de esta institución, Else König, se ha negado hasta el momento a hacerlo. Ayer martes, en su comparecencia ante el Comité de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, reiteró su negativa pese a los llamamientos a la transparencia que realizaron los eurodiputados.

Uno de los europarlamentarios españoles, Ernest Urtasun, perteneciente al grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea, está explorando posibilidades para que se pueda conocer el contenido de este informe. Una de las opciones inmediatas es confirmar si efectivamente König tiene base legal para negar la difusión de este documento y, si no fuera así, entonces reclamarlo de forma oficial por el cauce pertinente.

Otra de las opciones que barajan Urtasun y su grupo para que la opinión pública conozca siquiera parcialmente el informe sería la de solicitar que dicho documento se pueda revisar en la cámara de lectura de información confidencial del Parlamento Europeo.

Esta figura excepcional, utilizada por ejemplo en el caso de los papeles de trabajo de la tramitación del TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones), permite que representantes de los ciudadanos de la UE puedan acceder de forma controlada a documentos de especial sensibilidad. No pueden difundir su contenido y las restricciones son altas, pero al menos se garantiza que los miembros del Parlamento Europeo puedan comprobar la relevancia de los documentos sometidos a secreto.

Numerosas preguntas sobre Popular

Más allá de las preguntas orales lanzadas ayer por los europarlamentarios a König (y hace unas semanas a Danièle Nouy, responsable del Mecanismo Único de Supervisión), varios diputados españoles están liderando la investigación sobre el caso de Banco Popular a través de preguntas por escrito que las autoridades de la Unión Bancaria están obligadas a responder.

Urtasun es uno de los diputados europeos más activos planteando preguntas a organismos como el BCE o la JUR. El 9 de junio, dos días después de la resolución acelerada de Popular, remitió una cuestión a Else König respecto a si habían comprobado la venta de deuda subordinada del banco a clientes minoristas. La respuesta de König llegó el pasado 7 de julio: esta materia «está bajo la responsabilidad de las autoridades de mercado de los países miembro», señaló, para luego admitir que una hipotética venta irregular no hubiera sido un impedimento para haber sometido a pérdidas a estos inversores minoristas.

Hay además otras cuatro preguntas sobre Popular ya tramitadas y remitidas al BCE aún pendientes de obtener respuesta, relacionadas con el acceso a las líneas de liquidez extraordinarias (ELA), la valoración y venta a Santander, las retiradas de depósitos llevadas a cabo por las administraciones públicas españolas durante los días de pánico previos a la resolución y el impacto de los DTA en el banco presidido por Ana Botín. Esta última cuestión también se ha planteado a la Comisión Europea.

Fuentes del grupo parlamentario de Los Verdes aseguran tener sospechas de que, en la medida en que las autoridades supervisoras europeas y españolas llevaban haciendo un seguimiento detallado de la situación de liquidez desde hacía tiempo, que el BCE habría permitido a Popular operar en el mercado por debajo de las ratios de cobertura de liquidez durante semanas y sin tomar medidas hasta que fue demasiado tarde.

Al margen de Urtasun, otros eurodiputados como Paloma López Bermejo, Miguel Urbán, Lola Sánchez Caldentey o Xabier Benito Ziluaga (entre otros), del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, han planteado cuestiones a las autoridades europeas para tratar de esclarecer lo ocurrido con Popular. Preguntas que plantean, por ejemplo, por qué en vez de una resolución no se instó a un concurso de acreedores «para respetar los derechos de los pequeños accionistas»

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La APBPE - Asociación de Perjudicados del Banco Popular Español, tiene como objetivo defender los intereses de sus miembros frente actuaciones de dudosa legalidad del Banco Popular.

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