La AN admite a trámite 3 querellas contra los exresponsables del Banco Popular y 1 contra PriceWaterhouseCoopers

PorAPBPE

La AN admite a trámite 3 querellas contra los exresponsables del Banco Popular y 1 contra PriceWaterhouseCoopers

Fuente: Confilegal.

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha admitido a trámite tres querellas contra los expresidentes del Banco Popular, Emilio Saracho y Ángel Ron, los exmiembros de su Consejo de Administración, la Sindicatura de Accionistas BPE, la Unión Europea de Inversiones, S.A., y PriceWaterhouse Coopers Auditores S.L.

En la primera los querellantes son  Roberto San José GarcíaJosé Antonio Cañada Rivara y Antonia González Alonso, los cuales acusan a los querellados de un supuesto delito relativo al mercado y a los consumidores, previstos en los artículos 282, 284 y 285 del Código Penal, y de otro, societario, contemplado en el artículo 290 del mismo Código, según el auto, que tiene fecha de 3 de octubre de 2017.

El número total de personas querelladas se eleva a 26.

En la segunda, los querellantes son Estel Ingeniería de Obras, S.A. y 45 personas más, y va dirigida contra Saracho, Ron y  miembros de su Consejo de Administración, la Banque Federative de Credit Mutuel, la Sindicatura de Accionistas del BPE.

A los delitos citados, suman un delito continuado de falsedades documentales (artículos 390, 392, 395 y 74 del Código Penal), y otro de apropiación indebida (artículo 253 y 254 del CP).

La tercera querella admitida a trámite por el magistrado Andreu es de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), que representa a 1.007 accionistas perjudicados. Esta se dirige únicamente contra Saracho por un delito de administración desleal.

PriceWaterhouseCoopers

De acuerdo con los primeros tres querellantes, en 2012 el Banco Popular se vio forzado a realizar una ampliación de capital por un importe de 2.500 millones de euros, “debido a los resultados negativos de la prueba de estrés que situaron un resultado negativo que ascendía a 3.223 millones de euros”.

El objeto de dicha ampliación, explican fue evitar la necesidad de acudir a  las ayudas públicas con la consecuente pérdida de control sobre la entidad.

“Posteriormente, en fecha 26 de mayo de 2016, el Banco Popular anunció ampliación de capital por importe efetivo de 2.505 millones de euros que se realizaría mediante la emisión de nuevas acciones con derechod e suscripción preferente para los accionistas”, continúan relatando.

La justificación que se dio para esta nueva ampliación era para “corregir la existencia de errores significativos en las cuentas sacadas ala luz tras los resultados de un informe de auditoría interna de PricewaterhouseCoopers, S.L. (PwC, en adelante), lo que fue reconocido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la propia entidad”.

Dicha ampliación, según los querellantes, no se computó en la prueba exigida por el Banco Central Europeo (BCE), cuya supervisión asumió desde 2014, que exigía que en condiciones adversas que les obligaran a asumir pérdidas, su ratio de capital superara el 5,5 por ciento de sus activos ponderados.

“De esta forma, el resultado arrojado fue de 6,62 por ciento, lo que le permitió superar sobradamente la ratio exigida por el Banco Centraol Europeo”.

“Pese a ello, el Consejo de Administración ha considerado que, con la informaicón de la que dispone la entidad a día de hoy, las circunstancias puestas de manifiesto no representan, por sí solas ni en su conjunto un impacto significativo en las cuentas anuales de la entidad a 31 de diciembre de 2016 y no justifican, por tanto, una reformulación de éstas”.

Pérdidas de 4.888 millones de euros

De acuerdo con los querellantes, que citan al auditor externo, el Banco Popular registró en 2016 unas pérdidas de 4.888 millones de euros antes de impuestos. Su patrimonio neto era de 11.088 millones de euros y el total del activo se elevaba a 147.926 millones de euros.

“El origen del desajuste de las pérdidas reales y declaradas en 2016 se encuentra, por una parte, en la insuficiencia en determinadas provisiones constituidas respecto a riesgos que deben ser objeto de provisiones individualizadas que afectarían a los resultados de 2016 (y, por ello, al patrimonio neto) por un importe de 123 millones de euros”, continúan los querellantes.

“Así como, en la posible insuficiencia de provisiones asociadas a créditos dudosos en los que la entidad se ha adjudicado la garantía vinculada a esos créditos, que, estimada estadísticamente, ascendería aproximadamente a 160 millones de euros”.

Igualmente en la posible obligación de dar de baja alguna de las garantías asociadas a operaciones crediticias dudosas, siendo el salvo vivo de provisiones de las operaciones en las que se estima que pudiera darse esta situación de, aproximadamente 145 millones de euros, lo que podría tener un impacto aún no cuantificado en las provisiones.

También en determinadas financiaciones a clientes que pudieran haberse utilizado para la adquisición de acciones en la ampliacion llevada a cabo en mayo de 2016, cuyo importe, si se verificara, debería ser reducido, de acuerdo con la normativa vigente del capital regulatorio del Banco.

“La estimación del importe de estas financiaciones es de 2015 millones de euros, siendo el importe total objeto de este análisis de 426 millones de euros”, avanzan.

Variación de 854 millones de euros

Sumando las cuatro correcciones, “habría una variación total de 854 millones de euros, con un impacto en las cuentas de 550 millones de euros, con un máximo de 630 millones de euros, que deberían ser restadas de las cuentas del primer y del segundo trimestre, según se especifica en la normativa vigente”.

Debido a los repentinos cambios en las pérdidas declaradas, “los valores en bolsa del Banco Popular se desploman a partir de la semana del 1 de junio, llegando las pérdidas a alcanzar el 38 por ciento de su valor de cotización y posteriormente un 50 por ciento en lo que va de mes; tal situaciónn generó una desestabilización de los mercados cuya consecuencia fue la de cuantiosas pérdidas para los inversores”.

El Banco Popular, según los querellantes, reconoció al BCE que no tenía liquidez para operar ya desde las 15 horas del propio martes.

La fuga de depósitos había sido tan elevada en las últimas semans que el banco tuvo que pedir asistencia al BCE el viernes anterior, mecanismo que se puso en marcha el lunes 5 de junio.

“Las salidas de dinero continuaron y las medidas del supervisor europeo no lograron evitar la caída del Popular. Esta falta de liquidez fue el detonante de que el Banco Popular terminase intervenido por el BCE”.

La CNMV suspendió cautelarmente la cotización del Banco Popular y después el Banco Santander procedió a la compra del FROB en la que se explica que la Junta Única de Resolución había transferido a ese banco todas las acciones del Popular.

Como consecuencia de los hechos que arriba se detallan, se desprende un aura de total oscurantismo y opacidad por parte de la entidad bancaria ‘Banco Popular Español’ y su auditora, ‘PricewaterhouseCoopers, S.L., en lo referente a la situación contable, en la presentación de los resultados de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2016?, concluyen.

Los querellantes solicitan al magistrado que designe a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, de la Comisaría General de Policía Judicial, que practiquen las investigaciones procedentes para “el esclarecimiento de los hechos objeto de esta querella”.

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La APBPE - Asociación de Perjudicados del Banco Popular Español, tiene como objetivo defender los intereses de sus miembros frente actuaciones de dudosa legalidad del Banco Popular.

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