Europa se justifica por Popular: La ley deja tomar decisiones que normalmente no estarían permitidas

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Europa se justifica por Popular: La ley deja tomar decisiones que normalmente no estarían permitidas

Fuente: Expansión

 

En una carta remitida a algunos afectados por la resolución del banco en la que la Junta Única de Resolución responde a las reclamaciones.

«La ley permite a la JUR [Junta Única de Resolución] tomar ciertas acciones en el contexto de resolución que normalmente no estarían permitidas en otro contexto, cuando ello es necesario en interés público». Esta es una de las explicaciones que está aportando, por escrito, el organismo europeo que decidió la intervención en Banco Popular a algunos de sus afectados.

La Junta Única de Resolución es el órgano ejecutivo dentro del Mecanismo Único de Resolución (MUR). La noche del 6 al 7 de junio decidió la intervención de Popular y su venta posterior, por un euro, a Banco Santander, tras haber impuesto pérdidas totales tanto a accionistas como a dueños de CoCos y deuda subordinada. La súbita resolución de una entidad aparentemente solvente (aunque con problemas) provocó no solo la apertura de numerosos frentes judiciales, sino toda una oleada de reclamaciones a la propia JUR.

La JUR, que tiene habilitado un buzón de reclamaciones a través de su web y un sistema formal de apelación, está haciendo llegar ya sus primeras respuestas a todas las quejas presentadas por los afectados. La respuesta, dirigida de forma privada a cada uno de los reclamantes, viene firmada por la propia presidenta de la Junta, Elke König. Todas las respuestas están siendo iguales, según ha podido comprobar Expansión Directo Banca, que ha tenido acceso a varias cartas.

El documento remitido a los accionistas y acreedores volatilizados en Popular consiste en un escrito de tres páginas, dos de ellas en inglés y una página en español (traducción no vinculante de las otras dos, cortesía de la JUR).

La misiva se limita a constatar que tanto las acciones llevadas a cabo en el caso de Banco Popular como cualesquiera otras están amparadas y gobernadas por el Reglamento del Mecanismo Único de Resolución y por la directiva europea que regula cómo se han de resolver y reestructurar los bancos en Europa.

«La decisión de la JUR relativa a Banco Popular tuvo lugar dentro de los límites establecidos por el citado marco jurídico. Como parte de dicho marco jurídico, la legislación ha creado un número de instrumentos específicos diseñados para enfrentar de forma rápida los retos que pueden originarse cuando un banco está en graves dificultades o probablemente vaya a estarlo», prosigue el escrito remitido por el organismo con sede en Bruselas.

Los responsables de la JUR posteriormente reconocen que el mantenimiento de la estabilidad financiera es el fin último que protegen, anteponiéndolo a la propiedad privada u otros intereses, y para ello cuentan con un abanico de acciones que la legislación les permite tomar. «Estas acciones incluyen la posibilidad de transferir las acciones del banco bajo resolución a un comprador privado sin obtener el consentimiento de los accionistas», admiten, justificando así la imposición de pérdidas a los antiguos dueños de Popular y a parte de sus acreedores.

«Además, hay un número de requisitos de procedimiento exigidos bajo el derecho de sociedades o por la normativa en materia de valores mobiliarios que normalmente aplicarían cuando las acciones son transferidas de una persona a otra, que por ley, no tienen que cumplirse en los casos de resolución bancaria», añaden desde la JUR, que no aporta más argumentos pero sí incorpora un enlace que da acceso al resumen de la decisión de intervenir Popular publicado en su página web el mismo 7 de junio.

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La APBPE - Asociación de Perjudicados del Banco Popular Español, tiene como objetivo defender los intereses de sus miembros frente actuaciones de dudosa legalidad del Banco Popular.

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