El Congreso de los Diputados entra de lleno en el Caso Banco Popular

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El Congreso de los Diputados entra de lleno en el Caso Banco Popular

Fuente: Diario16.

Desde hace varios meses el Congreso de los Diputados tiene activa la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera y el Rescate de las Cajas de Ahorro. Sin embargo, y después de las informaciones de Diario16 y de la documentación que a día de hoy hemos ido publicando, documentos que están demostrando que las cosas no se hicieron de manera correcta ni sujetas a derecho, los diputados han decidido dedicar un capítulo de dicha Comisión de Investigación a la intervención del Banco Popular por parte de las autoridades europeas y su posterior venta por un euro al Banco Santander. Esos documentos publicados y los que quedan por publicar son la clave para entender que la ruina de las más de 300.000 familias afectadas no tenía otro fin que rescatar a la entidad cántabra.

Por esta razón, el Congreso de los Diputados ha decidido citar a dicha comisión de investigación a los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, así como a la inspección del Banco de España con el fin de analizar la crisis de liquidez de la sexta entidad financiera española. También se ha requerido la presencia de Rodrigo Echenique, actual presidente del Popular tras la adquisición por parte del Santander. Además, tendrán que comparecer el ministro de Economía, Luis de Guindos, el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Albella y el presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, Jaime Ponce.

Por otro lado, la Comisión ya acordó hace unos días citar a declarar al organismo comunitario que ejecutó la intervención del Popular, la Junta Única de Resolución citando a declarar a su presidenta, Elke König, una mujer que fue una de las que más contribuyó al hundimiento en bolsa y a la fuga en masa de depósitos con sus declaraciones en la cadena Bloomberg en las que indicó que el Popular se encontraba en vigilancia por parte de las autoridades europeas. König, además, tendrá que defender el hecho de negar el acceso al informe de Deloitte a las defensas de los más de 300.000 afectados, a los eurodiputados españoles que lo han solicitado e, incluso, al propio Congreso de los Diputados, es decir, a los legítimos representantes del pueblo español. Este informe, por cierto, se pagó con dinero público y, por tanto, debe ser de acceso público independientemente de los datos que presuntamente contiene, unos datos que, al parecer, son más peligrosos hacerlos públicos que un ataque nuclear de Corea del Norte. Sin embargo, el informe de Deloitte es fundamental para entender los procesos que se llevaron a cabo o las cifras que se tomaron como referencia para adoptar la decisión, en primer lugar, de intervenir al Popular y, en segundo lugar, de entregarlo al Santander por un euro. Tanto secretismo por parte de una institución que tiene entre sus pilares fundamentales la transparencia ya da una idea de que hay demasiadas cosas que ocultar.

Por otro lado, la Comisión de Investigación ha determinado que el papel de las empresas auditorias y consultoras fue fundamental. Por esta razón deberán comparecer el presidente de Deloitte, Fernando Ruiz, por razones obvias; el expresidente de KPMG John Scott, por la revisión de los procedimientos de las provisiones de la exposición inmobiliaria en 2015, informe que tuvo unas conclusiones positivas; el presidente de PwC, Gonzalo Sánchez al ser esta empresa la auditora del Popular y quien dio validez a las cuentas de 2016.

Finalmente, deberá comparecer José Antonio Delgado, el secretario de la Asociación de Inspectores del Banco de España y a dos inspectores que tenían funciones en la política de riesgo del Popular. Hay que recordar que hace unos días fueron los propios inspectores quienes calificaron las conclusiones del informe de Deloitte como de «grosería técnica» y de una muy «escasa profesionalidad».

Diario16 lleva informando de todo lo que ocurrió y está ocurriendo en el Caso Banco Popular desde el mes de febrero y, desde la intervención, ha reclamado a la clase política española que se involucrara, sobre todo a los partidos de la izquierda. Ahora tendrán la oportunidad de tener cara a cara a los responsables de la ruina de más de 300.000 familias, de las que un 74% son jubilados o pensionistas, no grandes especuladores o grandes fortunas. Por otro lado, miembros del Congreso de los Diputados han solicitado a Diario16 documentación que tenemos en nuestro poder y que aún no hemos hecho pública que podría demostrar la falsedad de documentos, cifras y actas utilizadas por Emilio Saracho para poder ejecutar la operación y que se tomaran las decisiones adoptadas en la noche del 6 al 7 de junio. Igualmente, se ha solicitado información y presuntos documentos por los cuales se demostraría que Emilio Saracho actuó bajo influencia del Banco de Santander e, incluso, cobrar de manera directa o indirecta la cantidad de 90 millones de euros con la intermediación de una de las compañías anteriormente citadas a comparecer en la Comisión.

Con estos datos, la propia Comisión de Investigación podría citar a declarar a la presidenta del Banco de Santander en representación de la entidad que pudo actuar como cómplice necesario en la presunta estafa de Saracho a los más de 300.000 afectados del Popular.

La clase política tiene ahora la obligación de llegar hasta el final, determinar las responsabilidades políticas, determinar qué y quiénes son los verdaderos responsables de que una entidad que en el año 2016 superó sin problemas los test de estrés del Banco Central Europeo y, apenas un año después, era intervenido y regalado por un euro. Paralelamente la Justicia debe tomar nota de la actividad de esta Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados y comenzar a citar a declarar a estas personas para determinar la responsabilidad penal, civil o mercantil que les corresponda. Porque, lo quieran o no, hay responsabilidades que depurar y no hace falta mirar más allá unos meses.

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