La Comisión Europea pone bajo la lupa la ofensiva de Popular para captar negocio

PorAPBPE

La Comisión Europea pone bajo la lupa la ofensiva de Popular para captar negocio

Fuente: Expansión

La Comisión Europea analiza si la oferta de la entidad para atraer depósitos, fondos de inversión y planes de pensiones de otros bancos, excepto de Santander, es legal.

La Comisión Europea está analizando si la ofensiva comercial que está llevando a cabo Banco Popular para atraer los depósitos, fondos y planes de pensiones que los clientes puedan tener en otras entidades es compatible con las normas europeas de competencia, según explican a EXPANSIÓN fuentes conocedoras de la situación.

En concreto, a las autoridades europeas les preocupa que las condiciones ventajosas que Popular ofrece a los clientes para contratar depósitos, fondos y planes de inversiones se apliquen para dinero que traigan de otras entidades a excepción de Santander. Esto podría contravenir los compromisos que suscribió el banco cántabro cuando se hizo con Popular el pasado 7 de junio, después de que el BCE declarase la entidad insolvente.

Aunque entonces la Comisión bendijo la operación desde el punto de vista del cumplimiento con las normas de resolución bancaria, el Ejecutivo comunitario aún tiene que dar luz verde definitiva a la operación desde el ángulo de distorsión de la competencia. De momento, sólo ha dado una dispensa preliminar, que está sujeta a un pliego de condiciones.

El plazo habitual que se da la Comisión para emitir un veredicto son 25 días a partir de la notificación de la operación, aunque puede ampliarlo si lo considera necesario. El 28 de junio el Ejecutivo aprobó el nombramiento de un monitoring trustee o administrador independiente para supervisar su cumplimiento, Mazars Auditores (ver apoyo al final del artículo).

Requisitos

El principio básico por el que giran estos requisitos es que Banco Popular debe actuar como una entidad independiente de Santander hasta que la Dirección General de Competencia de la Comisión autorice formalmente la operación. Es decir, Santander aún no puede hacer y deshacer libremente en Popular, si no es para garantizar sus mínimos vitales, desde un punto de vista de regulación, solvencia y estabilidad financiera.

Popular ha iniciado una campaña comercial en su red de oficinas para captar depósitos, fondos de inversión y de pensiones de otras entidades, con la excepción de Banco Santander, como adelantó EXPANSIÓN el 7 de julio. El banco ofrece remunerar los depósitos para dinero nuevo con hasta el 0,4% de interés durante seis meses. También bonifica el traspaso de fondos de inversión con un 1,5% -excepto los fondos monetarios, que bonifica al 0,5%- con una obligación de permanencia de dos años. Ofrece una bonificación del 4,25% a los importes de planes de pensiones trasladados desde otra entidad con la condición de cinco años de permanencia y también si no proceden de Santander.

Estas fuentes explican que “esta operación ha sido singularizada por la Comisión y el administrador independiente para ver si es compatible con las condiciones impuestas a Santander”, pero matizan que “todavía no han llegado a ninguna conclusión“.

Aunque pocos esperan que Bruselas acabe poniendo pegas a la absorción de Popular por parte de Santander, fuentes del sector bancario se han mostrado molestas con esta actuación de la entidad adquirida, y aseguran que si el banco estuviese actuando de forma independiente no excluiría a los clientes de Santander de sus ofertas.

Un portavoz de la Comisión Europea declinó comentar de forma específica ningún caso, pero recuerda que Santander no es totalmente libre para dirigir la estrategia comercial de Popular. “Santander puede adoptar acciones que sean necesarias para garantizar la estabilidad financiera, en relación a la liquidez, la solvencia y el cumplimiento regulatorio de Banco Popular. Sin embargo, Santander no puede llevar a cabo acciones que puedan alterar las operaciones de Banco Popular, en particular en relación a sus clientes, mientras dure la revisión de la fusión”, afirma a este diario Ricardo Cardoso, portavoz de la ComisiónEuropea para asuntos de Competencia.

Otras operaciones comerciales de Popular, como la de la Hipoteca Cereza, que ofrece bonificaciones en función de los productos adicionales que contrate el cliente, o la encaminada a compensar a los afectados por la ampliación de capital, sí habrían recibido el visto bueno previo de la Comisión.

A diferencia de la primera, estas dos campañas se han publicitado formalmente, bien a través de la CNMV bien con notas de prensa. Para la primera, en cambio, no hay folleto comercial, y se comunica solo telefónicamente o en la propia oficina.

Las condiciones exactas a las que está sujeto Banco Santander están detallas en la decisión adoptada por la Comisión el pasado 7 de junio de 2017, fecha en la que la Junta Única de Resolución (JUR) redujo a cero el valor de las acciones y deuda subordinada de Popular y vendió la entidad a Santander por 1 euro.

Mazars vigila el cumplimiento

Mazars Auditores esel administrador independiente (monitoring trustee) de la Comisión Europea en el proceso de aprobación de la adquisición de Banco Popular por parte de Banco Santander. La laborde Mazars es supervisar que Santander cumple las condiciones impuestas por el Ejecutivo comunitario, encaminadas a preservar la independencia operativa de Popular hasta que llega la luz verde oficial. En la práctica, se trata de delegar esa labor de vigilancia en un tercero independiente. Esta práctica es muy habitual tanto en casos de Ayudas de Estado, donde las empresas que reciben fondos públicos deben cumplir ciertas condiciones. La Comisión Europea, por ejemplo, tenía monitoring trustees para supervisar que los bancos rescatados españoles cumplían con las limitaciones impuestas en el pliego de condiciones, como no poder realizar campañas comerciales agresivas o adquisiciones corporativas. El proceso de selección empieza con un concurso interno de la propia entidad que va a ser supervisada, que elige a su vigilante. Luego esta selección debe ser validada por la Comisión, tras certificar que no hay incompatibilidades. A partir del momento en que el monitoring trustee empieza a ejercer, se convierte en “los ojos de la Comisión” en el proceso y debe velar por los intereses del Ejecutivo comunitario.

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