El Banco Popular y la transparencia

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El Banco Popular y la transparencia

Fuente: La voz de Galicia.

En el capítulo quinto del Quijote, un labrador encuentra tirado en el suelo al hidalgo manchego, malherido y sin poderse levantar. Poco le había durado la primera salida y, como tantas veces, nuestro caballero cae víctima de sus ensoñaciones. Hace años que tengo por costumbre releer a saltos la obra maestra de Cervantes en tiempo de estío. Es un hábito del que no me desprendo: un gozo que por fortuna no me han arrebatado estos malos tiempos de literatura de usar y tirar, tan funesta.

Este 2017 he visto en Quijano un émulo de todo los accionistas y bonistas del Banco Popular: apaleados, como el ingenioso caballero. Y no solo porque les han arrebatado sus acciones, sino porque parece que se están burlando de ellos. Y digo tal porque no se puede tomar una decisión de estas características sobre la base de un informe, realizado por la firma Deloitte, que a día de hoy resulta desconocido: porque las autoridades europeas se niegan a mostrarlo.

Mientras esto sucede, la Audiencia Nacional ya ha admitido a trámite varias demandas para esclarecer todo lo que ha acontecido desde inicios de junio, cuando un banco que valía cerca de cinco mil millones, pasó a valer un euro. Algo inverosímil. Y digo que valía 5.000 millones porque ese fue el valor que en mayo le daba el Banco de Santander al Popular. Le auguraba entonces una subida en bolsa del 70 % hasta situar su valor en 1,17 euros por acción. El día de la incautación de las acciones del Popular, el banco valía en bolsa 1.400 millones (0,317 euros por título). Nos explicaron que había sido una crisis de liquidez sin precedentes y que todo se había hecho, dijo el ministro De Guindos, para que a los contribuyentes no les costase un duro la operación (el ministro, sin embargo, olvidó que los trescientos mil accionistas del Popular son también contribuyentes). Fue el mismo ministro que días antes aseguraba que ese banco, entonces el sexto de España, era absolutamente solvente y que su futuro lo decidirían los accionistas de la entidad. Falso. Su futuro lo decidieron en Europa con nocturnidad y alevosía, dando efecto, por primera y única vez en la historia, a un mecanismo de resolución que meses después no se aplicó en Italia, donde otras entidades financieras sufrieron dificultades mucho más serias que las del Banco Popular.

Estos días se acumulan las demandas. Una asociación de afectados ha reclamado en Europa que paguen un justiprecio por la acción del Popular; la cifran en 1,85 euros, muy por encima de lo que la valoraba en mayo el Santander. Y mucho más, obviamente, del euro que pagó por el Banco Popular al completo. Todo es un despropósito de cifras. Tanta confusión no la admite una democracia seria. España sí parece admitirla, para sorpresa de todos. Y el ministro hasta la aplaude. A mí, y a cualquiera que sepa que la transparencia es el fundamento de toda democracia, me cuesta entenderlo.

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La APBPE - Asociación de Perjudicados del Banco Popular Español, tiene como objetivo defender los intereses de sus miembros frente actuaciones de dudosa legalidad del Banco Popular.

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