Anticorrupción pasa al ataque acusando de estafa al Popular pero olvidándose del Santander

PorAPBPE

Anticorrupción pasa al ataque acusando de estafa al Popular pero olvidándose del Santander

Fuente: Cambio16.

El fiscal Antonio Romeral debe tener en cuenta no sólo la responsabilidad de los diferentes consejos de administración, sobre todo del de Saracho, sino que debe tomar en cuenta el amplio catálogo de presuntas ilegalidades y de sus presuntos responsables.

Antonio Romeral, fiscal Anticorrupción, ha pasado definitivamente al ataque y ha remitido un informe al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en el que, entre otros delitos cometidos durante la operación que terminó con la resolución y compra del Banco Popular por el Santander por un euro. La entrada de la Fiscalía a investigar lo que realmente ocurrió con la entonces sexta entidad del país es un movimiento de la Justicia que Diario16 llevaba reclamando desde hace meses porque, tal y como hemos comentado en estas páginas, la operación vulneró, presuntamente, leyes de distintos ámbitos y, uno de ellos es el que ha incluido el propio fiscal en su informe: la estafa, pero no desde el punto de vista en que lo plantea sino en toda su extensión.

No se trata de personalizar sólo en el Consejo de Ángel Ron por la ampliación de capital, sino que la Fiscalía Anticorrupción tiene la obligación de ir más allá y verificar el por qué una entidad con un valor de 1.300 millones en bolsa fue vendida al Santander por un euro dejando en la ruina a más de 300.000 familias. Hay que tener en cuenta que las cuentas por las que se quiere investigar a Ron fueron aprobadas por Emilio Saracho en una Junta de Accionistas y, por tanto, la responsabilidad de las mismas recae en el presidente que las aprobó. Lo mismo habría que decir de los movimientos que realizó Emilio Saracho para quitar liquidez al banco. Eso también fue una estafa tanto a los clientes como a los accionistas del banco. Exactamente igual habría que decir de las personas que filtraron a las administraciones públicas datos de una entidad privada para que se fugaran en pocos días más de 14.000 millones de euros en depósitos, lo que provocó una grave crisis de liquidez. Exactamente igual que las responsabilidades de altos cargos de la administración que fueron los inductores o que diseñaron la operación. Exactamente igual que las entidades supervisoras que miraron hacia otro lado mientras se ejecutaba el ataque de las posiciones bajistas. El fiscal, además, olvida la responsabilidad del Santander en toda la operación, algo que se ha explicado en estas páginas.

No se trata de exculpar a nadie. Si se produjo un falseamiento de los datos del banco, evidentemente, esos hechos deben ser juzgados. Sin embargo, hay otras muchas responsabilidades que se están quedando fuera, sobre todo las referentes al Santander.

Ya comentamos en estas páginas cómo organizaciones y despachos de abogados han sacado de sus planteamientos de demanda reclamar responsabilidades a la entidad cántabra por conflictos de intereses o porque el propio Santander es uno de sus máximos benefactores.

Sin embargo, la realidad es que la responsabilidad plena en esta estafa que fue la resolución del Popular se halla en todos los movimientos que se realizaron a partir del mes de junio de 2016, cuando se diseñó la «Operación Washington». Todos estos movimientos conformaron una trama por la que el Popular tenía que llegar a un punto de cotización por el cual debía ser comprado por otra entidad financiera. Sin embargo, en esa operación sólo había un candidato: el Banco de Santander. Además, había que llevarlo a los límites más bajos porque la propia situación de la entidad cántabra no le permitiría hacer frente a una operación corporativa en la que tuviera que desembolsar miles de millones de euros.

En otro orden de cosas, el fiscal tendría que determinar si los movimientos realizados por el Santander tras la intervención y que están dejando sin patrimonio ni cartera al Popular y por el que se están generando beneficios rápidos que arreglarán las cuentas de final de año de la entidad cántabra pueden continuar realizándose o no hasta que la Justicia determine si la operación fue legal o no. Por esta razón, debe ser la propia Fiscalía la que solicite al juez Andreu la paralización cautelar de cualquier acción comercial que perjudique patrimonialmente o en cifras de negocio al Popular, teniendo en cuenta que cualquier juzgado donde se están interponiendo las demandas la puede paralizar o la puede declarar ilegal. De este modo, también se evitará que el Santander le retire la personalidad jurídica y la marca al Popular para que la operación sea irreversible y no haya vuelta atrás.

Finalmente, el propio fiscal y el juez Andreu deben inmediatamente iniciar una investigación sobre el papel que jugaron los bancos custodios, los fondos de inversión o las gestoras de cartera que son los máximos accionistas del Santander en toda la operación bajista porque esos movimientos que estuvieron coordinados rompieron todas las reglas del mercado bursátil.

Repetimos que la entrada de la Fiscalía Anticorrupción en el caso del Popular es una buena noticia pero que hay que ir más allá de las responsabilidades que puedan tener los consejos de administración que no estuvieron implicados en la operación bajista. Si se determina que Ángel Ron y su consejo cometieron irregularidades, deberán dar explicaciones en un juicio. Sin embargo, el catálogo de presuntas ilegalidades es mucho más amplio y el fiscal debe ser igual de diligente. No obstante, ¿estarán también protegiendo al Santander desde la Administración de Justicia? Eso sería muy grave y por el bien de nuestro Estado de Derecho no debería ser así, pero el nivel proteccionista respecto a la entidad cántabra es tan elevado que las dudas que podrían surgir son muchas.

La Fiscalía y, por ende, la propia Administración de Justicia también están obligados a investigar y a actuar de oficio contras las instituciones europeas que no sólo están negando información fundamental para entender las causas de la resolución y los datos por los que se tomó una decisión que dejó en la ruina a más de 300.000 familias a los despachos de abogados que representan a los afectados, sino que también la han negado al Parlamento de un país miembro de la Unión Europea. Esto es un atentado contra la soberanía del pueblo español que viene propiciado porque, según fuentes consultadas, el propio documento de negación fue pactado con el Ministerio de Economía español y, por extensión, con el propio Luis de Guindos. Tantas negativas a los representantes legales de los afectados y a las instituciones públicas o a sus representantes electos dejan dudas, incluso, sobre la existencia de dichos documentos, incluido el ultrasecreto informe de Deloitte. Europa vuelve a insultar al pueblo español y, tal y como reza la portada del número de mayo de la revista de Diario16, no es de extrañar que cada vez más ciudadanos ya se esté planteando que los británicos tuvieron razón cuando decidieron irse de esta Unión Europea y llegar a reivindicar un «Spainxit».

 

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